Agro Ingreso Seguro

 

Es un programa del gobierno colombiano que busca otorgar subsidios a agricultores colombianos. El programa fue diseñado e implantado por el entonces ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Se han denunciado irregularidades en la ejecución del programa relacionados con actos de corrupción y beneficios a algunos terratenientes. En cifras de 2009 el gobierno reportó el beneficio por medio del programa a cerca de 300 mil agricultores.

 Lo crearon el ex presidente Alvaro Uribe, el ex ministro de agricultura y Andrés Fernandez el ministro de agricultura actualmente, en el se pretende otorgar $500 mil millones de ayuda a los sectores del agro que se vean perjudicados por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, entre Colombia y los Estados Unidos.

              

El escándalo de Agro Ingreso Seguro

El escándalo que han producido en la opinión pública nacional los mal llamados subsidios del programa gubernamental Agro Ingreso Seguro (AIS) permite ilustrar nuevamente el carácter de clase de la política económica que se ha implantado durante el gobierno de Uribe Vélez. En esta ocasión, se trata de cuantiosos regalos a un puñado de familias de políticos y de terratenientes, principalmente de algunos departamentos de la Costa Atlántica.

Un número importante de las familias beneficiadas poseen un rasgo en común: fueron aportantes a las campañas electorales del actual presidente y, en algunos casos, han tenido vínculos con el proyecto paramilitar.

Agro Ingreso Seguro fue concebido hace dos años como parte de las compensaciones que el gobierno de Uribe pensaba otorgar a latifundistas, terratenientes y grandes empresarios capitalistas del agro, en contraprestación por su irrestricto apoyo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y por los eventuales efectos negativos que la entrada en vigencia de dicho tratado tuviera sobre su tasa de ganancia. Se trataba de un fondo de 500 mil millones de pesos en la forma de “cheque en blanco”.

Esa decisión política representaba la intención de financiar, con los impuestos que pagamos todos los colombianos, a una de las facciones de clase que carga en sus espaldas la responsabilidad histórica de haber propiciado la avanzada mafiosa y paramilitar en nuestro país. Y eso no debe sorprender, dado el carácter del actual gobierno.

El episodio, más que agregar nuevos ingredientes, reitera lo conocido: Es una falacia que la prosperidad capitalista y de un buen número de empresarios proviene de su ingenio empresarial y de su inacabada disposición para la innovación en las difíciles condiciones de la competencia, como se nos quiso aleccionar con la zona franca de los hijos del Presidente.

La cultura política del hacendatario se ha entronizado en la estructura del Estado. Aprendiendo del hacendado mayor, los imitadores de medio pelo distribuyen los recursos públicos como si fueran su caja menor: reparten a diestra y siniestra tales recursos para comprar y devolver lealtades. La generosidad con que se trata a los ricos contrasta con la mano dura a los pobres y a las víctimas de algunos de los ahora beneficiados.

Para presionar una mejor atención a los desplazados forzosamente, han sido necesarias innumerables tutelas, sentencias y autos de la Corte Constitucional; la Ley de Víctimas fue objetada por el Gobierno aduciendo razones fiscales; a los campesinos pobres y medios no se les conceden los regalos del Agro Ingreso Seguro, se les otorgan créditos.

Pero debe reiterarse, esa es la política general. En 2008, los diferentes subsidios al capital alcanzaron un monto cercano a los ocho billones de pesos. En ese salón de la fama están los otros soportes de este gobierno. El sector financiero, el capital transnacional y la generación de nuevos ricos que ahora invierten en cultivos de larga duración, en hotelería y turismo y, desde luego, en zonas francas. Por ellos se hace “seguridad democrática” y el Presidente sufre sus encrucijadas del alma.

También por estas formas cotidianas (y vulgares) de acumulación de capital, como la del AIS, es que el país demanda cambios políticos democráticos.

Nuevo escándalo por Agro Ingreso Seguro

El programa de Agro Ingreso Seguro (AIS) cada día genera un nuevo escándalo. "A mi me parece que no tiene razón de ser que el Estado se gaste 2.500 millones de pesos anuales para promover sus propios programas de crédito y apoyo a los agricultores, hay que divulgarlos, pero no con costosas campañas de relaciones públicas", afirmó el funcionario en declaraciones a la emisora La W. El ministro Restrepo señaló que los recursos de ese programa para este año quedaron congelados. "Los programas de crédito y apoyo a los agricultores que exige el Estado deben defenderse por sus propios méritos, no necesitan de publicidad para hacerlos más amables", añadió. Además agregó que hasta es el momento, quienes se beneficiaron de los dineros de Agro Ingreso Seguro (AIS) en lo relacionado con el fraccionamiento de proyectos de riego y drenaje no han devuelto un centavo. "Estamos hablando de unos 14.000 millones de pesos", dijo el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

Andrés Felipe Arias 

 Es un economista y político colombiano. En el 2006 fue nombrado Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez; cargo al cual renunció el 7 de febrero del 2009 para aspirar a ser el candidato del Partido Conservador Colombiano a la presidencia de la República para las elecciones de 2010. Su gestión estuvo envuelta por escándalos como los de Hacienda Carimagua y el programa Agro Ingreso Seguro. Arias fue profesor de economía internacional en la Universidad de los Andes; de economía monetaria en la Pontificia Universidad Javeriana e instructor mientras hacía sus estudios de PhD en la Universidad de California. En 2010 fue nombrado Embajador de Colombia en Italia por el presidente Santos, pero declinó. Días después la Fiscalia General de la Nación le abrió una investigación por las anomalias de Agro Ingreso Seguro; actualmente se desempeña como decano de la facultad de economía en la Universidad Catolica de Colombia en Bogotá.

Investigan por qué el ex ministro Arias modificó manual de requisitos

La Fiscalía descubrió que el entonces ministro, Andrés Felipe Arias, modificó el manual de funciones y requisitos del Ministerio de Agricultura, 19 días antes de posesionar como secretario general a Juan David Ortega, detenido por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Al parecer, la modificación fue realizada para incluir la profesión de trabajador social entre las carrera permitidas para ejercer ese cargo. Esa profesión es la de Juan David Ortega.

El manual  de funciones del Ministerio de Agricultura  estipulaba 7 profesiones para poder ejercer ese cargo, uno de los más importantes de la entidad, pero mediante la resolución 171 el 12 de julio de 2006 el entonces ministro de agricultura Andrés Felipe Arias modificó el manual de funciones  y  agregó  específicamente otra profesión.

19 días después  el ministro Arias nombró como secretario general a Juan David Ortega  de profesión trabajador social.

El manual establece 19 funciones del secretario general entre ellas ser uno de los principales asesores del ministro en  la elaboración del plan financiero  y como utilizar los recursos de la entidad.

El ex secretario general Juan David Ortega, actualmente se  encuentra detenido en la cárcel Picota y es investigado por peculado a favor de terceros y celebración indebida de contratos,  en el proceso por el escándalo  de Agro Ingreso Seguro.

Agro Ingreso Seguro (AIS)

Uno de los peores escándalos de corrupción política y asalto al erario público se conoció después de terminada su gestión al frente del Ministerio de agricultura. Su programa estrella "Agro Ingreso Seguro" creado según el ministerio para "promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía"' había entregado millonarios subsidios a narcotraficantes, prestantes familias del magdalena y del Valle del Cauca, el escándalo se hizo público cuando se supo que una de las beneficiarias del programa era una ex reina de belleza colombiana, la señora Valerie Domínguez, así como su novio, su cuñada y sus suegros; sólo entre la familia Dávila Jimeno sumaron subsidios por $2.200.000.000 por conceptos de "riego y drenaje". Posteriormente se conoció que las tierras pertenecían a Juan Manuel Dávila Jimeno, suegro de la señora Domínguez, quien fraccionó sus fincas para arrendárselas a su propia familia y así recibir más subsidios de los permitidos por la ley ($400.000.000 por cada beneficiario). Uno de los consultores que conoce el programa dijo "Lo de los Dávila es una vergüenza. ¿Cómo le regalan plata de todos los colombianos a una de las familias más poderosas de Magdalena? Es inaudito".

Al verse envuelta en medio de la polémica por ser una figura pública, la señora Domínguez renunció al subsidio. A la postre, el gobierno ordenó la devolución de los dineros, sólo luego de que se desatara el escándalo y ante las evidentes "argucias" que habían utilizado para apoderarse de más subsidios, como el caso de la familia Dávila Jimeno. Pero lo cierto es que únicamente procede la devolución voluntaria de los recursos al erario público, es decir que no hay forma de obligar a los beneficiarios del subsidio a devolver los dineros recibidos.

Entre las otras prestantes familias beneficiadas por los subsidios, están los Vives Lacoture, Lacoture Dangond y Lacoture Pinedo, todas familias de amplia trayectoria política en el Caribe Colombiano. En el Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del ex ministro del interior Carlos Holguín Sardi recibió más de 200 millones de pesos por el mismo concepto.

Arias ha respondido ante todos estos cuestionamientos argumentando que todos los beneficiarios del programa son gente honesta, sin problemas con la justicia y que era falso que la mayoría de beneficiados fueron aportantes a la campaña del presidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, el periodista Daniel Coronell, y un artículo del diario El Espectador refutaron dichas afirmaciones.

El 12 de Octubre de 2010 la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Arias y contra el ex ministro Andrés Fernández, por "aparentes desvíos de subsidios destinados a campesinos pobres, que favorecieron a acaudalados hacendados". También resultaron afectados 9 funcionarios del Ministerio de Agricultura.

Opinión:  Mi opinión sobre Agro Ingreso Seguro, es que las personas que viven y trabajan en zonas rurales, y los agricultores del país reciben un dinero para beneficio de ellos. Muchos lo usan para realizar procesos adulterados, dejando a los propietarios sin carencias porque los presbíteros salen siendo los mismos empresarios como lo dice Andrés Fernández.